II Informe de Coyuntura: Trabajadores subcontratados de Codelco

En sus manos tienen el Informe Final sintetizado, del trabajo realizado por cuatro Grupos de Taller de Análisis de Coyuntura que funciona desde el mes de julio en Valparaíso. En esta ocasión se aborda, el conflicto de l@s trabajadores/as subcontrata@s de CODELCO, desde lo económico, lo social, lo político y lo ético. Esperamos que les sea de utilidad.

El conflicto presenta una nueva coyuntura que deberá pasar por un nuevo análisis: la judicialización por parte de la empresa cuprífera del informe elaborado por la Dirección del Trabajo que los obliga a internalizar a cerca de cinco mil empleados subcontratados, uno de los logros de la movilización.

Sabemos que esta es una deuda pendiente y que se vienen nuevas movilizaciones…

I.-Informe Económico Conflicto Trabajadores del Cobre

Este capitulo pretende dar cuenta de algunos de los elementos económicos del conflicto de los trabajadores subcontratados de Codelco que permiten entenderlo en toda su dimensión.

1.- Contexto
2.- Cifras Claves
3.- Ley de subcontratación
4.- Royalty Minero
5.- Ley reservada del Cobre
6.- Síntesis

1.- Contexto

Entre 1820 y 1900 Chile produjo 2 millones de toneladas de cobre. Durante un tiempo fue el primer productor y exportador mundial. Sin embargo a fines del siglo XIX comenzó un período de decadencia, debido al gran impacto del salitre que acaparaba el interés y las inversiones, y al agotamiento de los yacimientos de alta ley. En 1897 se produjeron apenas 21.000 toneladas.
En 1955 los parlamentarios chilenos comenzaron a legislar sobre la producción de cobre y produjeron leyes sobre tributación de esta actividad, destinadas a garantizar un ingreso mínimo al Estado. Ese año fue creado el Departamento del Cobre, con atribuciones de fiscalización y de participación en los mercados internacionales del metal. Este Departamento tenía la función de informar a los poderes públicos de Chile sobre materias relacionadas con la producción y venta de cobre, y de fiscalizar la producción y el comercio del mineral.
Para concretar el proceso de nacionalización fue necesario modificar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Chile, al cual se le agregó una disposición transitoria en la cual se planteaba que "por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre…". Los bienes y las instalaciones de estas empresas pasaron a ser propiedad del Estado de Chile, que creó sociedades colectivas para hacerse cargo de las operaciones, coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces.
La nueva normativa facultó al Gobierno chileno para que dispusiera sobre la organización, explotación y administración de las empresas nacionalizadas. También determinó que sólo podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones mineras para yacimientos que no estuvieran en explotación para ese momento, previa autorización por ley.
La promulgación de la reforma constitucional que nacionalizó el cobre en Chile, el 11 de julio de 1971, detonó un proceso que culminó con la creación de una empresa encargada de operar y administrar las pertenencias mineras cedidas al Estado: CODELCO, la que opera a partir de cinco divisiones mineras, donde se trabaja con similares procesos productivos, y una fundición y refinería. Todas están ubicadas en las zonas norte y centro de Chile, ellas son: •División Codelco Norte, •División Salvador, •División Ventanas, •División Andina, •División El Teniente

2.- Cifras Claves

Codelco es el principal productor del mundo con 1,83 millones de toneladas de cobre fino (2005). La Corporación, además, tiene las mayores reservas base de cobre, alrededor de 20% del total del planeta. La región de Los Andes chilenos es considerada el principal depósito cuprífero, con cerca del cuarenta por ciento de las reservas identificadas en el mundo. Y con despachos de cobre por 2,0 millones de toneladas (2005) contando producción de terceros comercializada por Codelco, es el principal vendedor de este elemento metálico en los mercados mundiales.
Los productos, encabezados por los cátodos grado A con 99,99 por ciento de cobre, parten hacia diversos destinos en el mundo. En este momento el mercado más importante es Asia, que absorbe 40% de la oferta de la Corporación, seguido por Europa con 33%; Norteamérica con 17% y Sudamérica con 10% (2005).
Codelco mantiene uno de los costos de producción más bajos del mundo, de 11,6 centavos de dólar por libra el 2005 (costo directo o cash cost). Esto le permite mantener un margen de beneficios aún cuando haya condiciones adversas de mercado.
Codelco también es líder mundial en la producción y ventas de molibdeno. El 2005 produjo 36.567 toneladas métricas de contenido fino de este metal utilizado principalmente para aleaciones de aceros especiales, comercializado principalmente en mercados de la Unión Europea, Asia y América Latina.
El año 2004 las ventas físicas de cobre llegaron a 1,840 millones de tmf, de producción propia. En el año 2004 los ingresos totales por las ventas de cobre y subproductos alcanzaron los 8.204 millones de dólares.
Relación aportes CODELCO / PRIVADOS.
El resultado de Codelco antes de impuestos durante el 2005 fue más de US $ 4.071 millones, siendo el aporte al Estado de US $ 2.295 millones a través del impuesto a la renta, US$ 1.800 millones como aporte directo y US $ 826 millones destinado a las FFAA a través de la Ley Reservada del Cobre, en total casi US $ 5.000 millones de aporte al Fisco (Codelco, 2005).
Por el contrario, mientras los excedentes de la minería privada, que corresponden a las 10 mayores empresas, Escondida, Inés de Collahuasi, Pelambres, Sur Andes, El Abra, Candelaria, Mantos Blancos, Zaldívar, Cerro Colorado y Quebrada Blanca, en el 2005 fueron de US $ 6.300 millones, el aporte al Fisco fue de sólo US $ 1.960 millones por impuesto a la renta (Cochilco, 2005); con el agravante de que poseen el 70% de la producción.

3.- Royalty Minero

EL royalty minero es el cobro de un impuesto por parte del Estado por el solo hecho de extraer sus recursos minerales. El fundamento para la existencia de este tributo es una especie de compensación que los particulares deben hacer al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas contenidas en el subsuelo. El royalty existe en la legislación chilena recién desde junio de 2005. Quienes estaban a favor del cobro argumentaban que las empresas mineras se valían de numerosos resquicios para evadir impuestos y que el royalty sería una forma de poner freno a esa evasión.
El royalty siempre ha sido considerado un derecho por parte de quien lo cobra (en este caso, el Estado chileno) y no un tributo o impuesto a la actividad minera. El concepto de que es un derecho estaría además respaldado por la naturaleza no renovable del recurso minero y que el Estado, al ser el dueño exclusivo de todas las reservas de minerales (como lo dice el artículo 19, N° 24 de la Constitución de 1980), debe cobrar por la explotación de sus recursos naturales. A esto hay que sumar que, la política tributaria chilena era excesivamente complaciente con las empresas mineras extranjeras, quienes utilizaban recursos legales para pagar pocos o nulos impuestos por su actividad.
Quienes se oponían, principalmente el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería, argumentaban que son justamente las facilidades tributarias las que habían atraído a una gran cantidad de inversionistas extranjeros, y que un cobro adicional (que ellos consideraban un impuesto y no un derecho) alejaría los capitales de estos inversores, lo que redundaría en un daño para la economía chilena. Esto fue un error, ya que luego de la privatización Codelco pasó de controlar el 100% a controlar sólo el 30%.

4.- Ley Reservada

A través de la ley Nº 13.196 (Ley Reservada) se grava con un 10 por ciento el retorno en moneda extranjera por la venta al exterior de la producción de cobre propio, incluidos sus subproductos. La legislación estableció en 1976 que el 10 por ciento de las ventas al exterior de Codelco debían ser depositadas en dólares en el Banco Central con el objeto de financiar las compras militares.
En el gobierno de Lagos, una interpretación de la Contraloría, permite a Defensa disponer de los millonarios excedentes del Cobre, esto significa que las FFAA no podrán disponer a su antojo de los millones de dólares extras que dejará el alto precio del metal rojo. A través de esta se entregó al Consudena el manejo de los dineros de las FFAA porque, si bien la citada ley obliga a Hacienda a depositar los recursos en las "cuentas de reserva" de las FFAA, en tres tercios iguales, no establecía explícitamente que son dichas instituciones las que deben gastarlo en sus proyectos.
Por ello, no existe inconveniente para que el Consudena pueda, en consideración a sus atribuciones legales, adoptar un acuerdo en el cual los fondos consignados en las distintas cuentas se destinen para "solventar un proyecto de inversión que atañe a cualquiera de las tres ramas" de la Defensa. Esto se efectuará con el excedente que queda luego de pagar los 75 millones de dólares a cada rama de las fuerzas armadas.
El gobierno de Patricio Aylwin desestimó las proposiciones en el sentido de traspasar los fondos militares a otros sectores como Salud y Educación. No solo eso. Los sucesivos gobiernos de la Concertación prosiguieron utilizando la fórmula aplicada durante el período militar, cuyas cifras calculadas con base en la suma dispuesta por la Ley de Presupuesto, dejaba importantes aportes fiscales que se entregaban directamente a las Fuerzas Armadas fuera de cálculo y sin ser considerados dentro de la asignación fiscal destinada al gasto castrense. En otras palabras, los políticos de la Concertación, que durante el régimen de Pinochet rebatieron el cálculo oficial castrense de los gastos militares, cuando pasaron a ser Gobierno, continuaron utilizando el mismo criterio del régimen anterior.

5.- Ley de Subcontratación

La ley de subcontratación ha sido una de las principales herramientas que han posibilitado la competitividad en el mercado internacional debido a los BAJOS COSTOS DE PRODUCCIÖN que ella implica a través del pago de salarios míseros, que equivalen a ¼ del salario de un trabajador de planta.
El fraccionamiento de los procesos de trabajo en empresas contratistas y subcontratistas ha sido un proceso paralelo a la desnacionalización del cobre. Con la desnacionalización del cobre se apropian de la principal riqueza básica del país y con las empresas contratistas y subcontratistas se apropian de parte importante de los salarios que corresponden a los trabajadores de estas empresas.
Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas tienen remuneraciones que son ¼ de las remuneraciones que por trabajos similares obtienen los trabajadores de planta. Estas diferencias también se presentan en las actividades relacionadas con el trabajo: jornadas de trabajo, transporte, salud, seguridad y otras.
En los planteamientos de Gobierno hay una ruptura lógica entre la propuesta reiterada en varias oportunidades por la Presidenta Bachelet de igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres y la desigualdad producto de los procesos de contratación y subcontratación, independientemente del hecho de ser hombre o mujer, respecto de las remuneraciones de contratistas y subcontratistas en comparación con las de los trabajadores de planta.
Las ganancias operacionales de CODELCO en el 2006 fueron de 9.515 millones de dólares. En tanto, las remuneraciones totales de los trabajadores de las empresas contratistas de operación alcanzan solo a 136 millones de dólares anuales. Es decir, los salarios globales anuales de cerca del 60% de los trabajadores de CODELCO representan tan sólo el 1,4 % de las ganancias operacionales. Dicho de otra forma, las ganancias operacionales son 70 veces superiores a las remuneraciones globales anuales totales de los trabajadores de las empresas contratistas.
La comparación con el diez por ciento del valor de las ventas de CODELCO que va para las Fuerzas Armadas, que llegó a 1.311 millones de dólares en 2006, equivalen a cerca de 10 veces las remuneraciones totales anuales de los trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería del cobre.
Con la nacionalización del cobre se demostró fehacientemente que Chile no necesitaba ni necesita el capital extranjero para explotar nuestra principal riqueza básica. Los que promovieron la desnacionalización del cobre entregando en propiedad privada, particularmente a las grandes empresas extranjeras los yacimientos de cobre chileno, han ayudado a fortalecer desde Chile a estas grandes empresas mundiales que compiten con CODELCO en el mercado mundial. CODELCO que controlaba el 95% de la producción y exportaciones de cobre de Chile, ahora controla sólo el 30%. La desnacionalización del cobre es un hecho inconstitucional ya que la Constitución chilena señala que el “Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas”.
Los que promovieron la desnacionalización del cobre, promovieron también la sobreproducción mundial de cobre desde Chile por las empresas extranjeras. El precio cayó por muchos años en torno a 70 centavos de dólar la libra de cobre. En esos años, estos bajos precios dañaron profundamente a CODELCO y a Chile, a los trabajadores de las empresas principales, y particularmente a los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas.

6.- Síntesis.

La explotación de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, en las grandes empresas extranjeras que se han apropiado del 70% del cobre chileno, es igual a la de los trabajadores contratistas y subcontratistas de CODELCO. En efecto, las remuneraciones totales anuales de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas de las empresas extranjeras, representan también sólo un 1,4% de los 20 mil millones de dólares de utilidades operacionales de estas empresas extranjeras. Además se debe señalar como agravante, que las cuantiosas utilidades de 20 mil millones de dólares obtenidas en 2006 por estas empresas extranjeras, son superiores al total de las inversiones extranjeras realizadas en la minería chilena desde el año 1974 hasta 2004. Por otra parte, gran parte de estas inversiones se han realizado con reinversiones de utilidades obtenidas en nuestro propio país. Estos 20 mil millones de dólares de utilidades en 2006, representan el doble del Presupuesto del Ministerio de Salud más el Presupuesto del Ministerio de Educación para 2007. Estos 20 mil millones de dólares son superiores al PIB de Bolivia más el PIB de Paraguay. Por lo anterior, con justicia se ha señalado que esto constituye el robo del siglo XX y del siglo XXI.

II.- Informe Social del conflicto:

Introducción

El presente capitulo del informe tiene como objetivo el planteamiento de un análisis del conflicto desarrollado entre la CTC y CODELCO, desde la esfera de lo social. El conflicto, cabe señalar, tiene su origen en la ley de subcontratación; l@s trabajadores/as movilizad@s, tenían la característica de trabajar en la producción cuprífera de CODELCO bajo la modalidad de sucontratad@s.

Desde esa perspectiva, es que se desarrolla un análisis que contiene los principales elementos de carácter sociales, tanto en el proceso de movilización, como en logros y demandas laborales.
Realizar un análisis “puro” de lo social, resulta una tarea imposible. Por ello, hay una serie de relaciones que vinculan lo social con otros aspectos de carácter histórico, político, económico, etc.

De partida, destacamos aquí un elemento importante en el análisis de lo social: la nula participación social de la ciudadanía en las decisiones político-económicas que han tomado los diferentes gobiernos. Queda al descubierto una contradicción de proporciones en el discurso político-social proveniente de la Concertación y sus gobiernos: la nula Participación REAL en las decisiones que corresponden por derecho a cada chilen@, relacionadas con las decisiones político-sociales, y por otro lado, el discurso posmoderno de llamar a la asociatividad y organización de los diferentes sectores sociales invitados a “participar del desarrollo económico del país”.

Es cosa también de recordar el debate público en torno a la aplicación del impuesto Royalty a la explotación privada extranjera del cobre; impuesto que, sin duda alguna, hubiese permitido un ingreso mayor a las arcas estatales con la consecuente posibilidad de mayor inversión en políticas sociales o públicas. ¿Cuáles fueron entonces sus argumentos? Que no querían perder a los inversionistas que ya estaban en el país, porque seguramente dejarían de invertir en Chile por el alza de los impuestos.

No les damos la razón. El cobre es un recurso natural no renovable. El cobre presenta el 43% del total de las exportaciones del país. El cobre es uno de los sustentos más importantes de la economía de Chile. El cobre es además, una de las fuentes laborales más importantes del país. ¿Qué sucedería con el país, y las políticas públicas o sociales, si se nos acaba el cobre? ¿Qué sucedería con las fuentes laborales? El problema social que esto provocaría, no sólo afectaría a quienes trabajan directamente con el cobre, sino que al país en su totalidad. Debemos ser, entonces, fuertes y clar@s al exigir una renacionalización del cobre, y un impuesto a los que se llevan nuestras riquezas para la casa, sin dejarnos, ni siquiera, un pedacito de la torta.

TRABAJADORES/AS DE CODELCO: DE COSTOS Y BENEFICIOS

CODELCO cuenta con más de 28.000 trabajadores/as en condiciones de subcontratación, que fueron afectad@s por las negociaciones. El petitorio que se levantaba, contrastaba las condiciones en las que se encontraban por una parte los trabajadores de CODELCO, y por otra l@s trabajadores subcontratados en dos aspectos fundamentales: Remuneraciones y Productividad; y Beneficios Sociales.
En lo que respecta a los beneficios sociales, ellos abarcan una gran cantidad de elementos de la vida cotidiana de quienes trabajan en el cobre. Estamos hablando de Salud, Vivienda, Educación (de la familia) y remuneraciones. Las implicancias que podríamos ver a nivel de las familias, es radical, pues estos beneficios, para l@s trabajadores/as directos de CODELCO, están cubiertos por la empresa estatal.

Es cierto que las implicancias laborales en los distintos grupos de trabajadoras/as que desarrollan labores en CODELCO so diferentes. Es decir, un minero que trabaja en la mina, tiene riesgo a sufrir ciertas enfermedades laborales (respiratorias, o producto de accidentes laborales), que trabajadores/as de otras áreas productivas como alimentación, servicios de aseo, transporte, etc. Sin embargo, las condiciones de subcontratación, son similares, fundamentalmente en términos estructurales.

Cuando se hace mención a la subcontratación, se está diciendo también que l@s trabajadores con esta modalidad de contrato no forman parte de la empresa principal, en este caso, CODELCO. Es decir, se establece una frontera en los límites de la pertenencia y como delimitación de territorios sociales o jurídicos de una empresa o persona. Esto se refiere a la dialéctica entre el/la trabajador/as y la empresa. ¿Quién asume los costos de la producción? ¿Quién se hace cargo de remuneraciones y beneficios sociales? ¿Quién se hace cargo, en definitiva, del cumplimiento de las leyes?

Agregamos a ello, que existe una diferencia con fuertes consecuencias sociales y demográficas, que tiene relación con la temporalidad de los contratos y labores. En este sentido, la durabilidad de un empleo de “planta” (dependiente de la empresa principal) es altamente superior a una persona subcontratada. La modalidad de subcontratación permite el contrato por faena, o proyecto, trabajo específico. Así, las personas no cuentan con una estabilidad laboral que permita asentamientos familiares definitivos, pudiendo producir una alta movilidad geográfica. En este sentido, la adaptabilidad del grupo familiar a los distintos contextos presentaría dificultades en tanto el traslado y/o movilidad implica desarraigos de diferentes niveles (individuales, familiares y en relación con la comunidad).

Uno de los fundamentos económicos más importantes de la subcontratación, dice relación con que la empresa principal busca reducir los costos laborales al abastecerse de personal a través de la intermediación de un tercero que le permite disponer y prescindir de él según sus necesidades económicas. Esto da pie para evitar trámites administrativos y otros costos. Esta forma precariza el empleo; lo hace altamente inestable, baja el nivel de las remuneraciones y de la protección frente a la seguridad social y laboral. Sabemos como la precarización del empleo no sólo influye en el bienestar económico de una familia, sino también en la estabilidad emocional, lo que suele denominarse como “salud mental” del grupo familiar.

DE LA MOVILIZACIÓN

Uno de los elementos más llamativos de este proceso de movilización socio-política de exigencia de derechos laborales y condiciones más dignas por parte de la CTC, consiste en la durabilidad de la misma. 35 días en que la opinión pública se centró en el quehacer de los grupos sindicalizados y agrupados bajo la CTC: acuerdos, desacuerdos, y finalmente salen a la luz nuevos dirigentes que, para bien o para mal, renuevan los rostros dispersos en los medios de comunicación masivos.

El efecto social que pudiera tener una movilización de esta envergadura, ya se ha dejado ver en el escenario político y social. La propuesta de un salario “ético” por parte de la Iglesia Católica, abre debate en torno al miserable sueldo mínimo; miserable porque con $144.000 (que es la actual propuesta en términos discusión legislativa) no es suficiente para mantener y tener una vida digna.

Así, el tema del salario “ético” propuesto por la I. Católica, traspasa una vez más el tema eminentemente político económico, y se refleja en la esfera de lo social. La productividad en condiciones de “mano de obra barata” efectivamente tiene influencias en el costo de la producción de las grandes empresas, que son principalmente las que subcontratan. Sin embargo, el valor real de un sueldo mínimo disminuye en contextos de cambios climáticos abruptos y de crisis económicas internacionales, independiente de los esfuerzos realizados para la estabilidad de los activos del mercado chileno.

¿Qué significa esto? Que el sueldo alcanza cada vez para menos. La satisfacción de las necesidades básicas de quienes trabajan por el sueldo mínimo, se ve cada vez más limitada, cada vez más inestable. Las priorización de las necesidades puede incluso traer contraconsecuencias sociales: ¿educación o vivienda?, ¿alimentación o transporte? ¿Salud o vestimenta? Ello, tomando en cuenta que no estamos considerando las necesidades familiares de orden inmateriales, como puede ser la cultura, recreación, ocio y tiempo libre, crecimiento espiritual, libertad de asociatividad y de acciones organizadas, etc.

El movimiento puso en el tapete de la opinión pública el vacío legal de la subcontratación, cuestión que ya hemos trabajado en el presente documento. Así, es posible agregar que las condiciones de desigualdad entre l@s trabajadores/as que realizan una misma actividad, tanto en remuneraciones como en beneficios sociales, podría acarrear un conflicto de estatus al interior de las faenas, que es uno de los elementos sociales de relevancia a la hora de identificar las diferentes cuotas de poder.

En términos económicos, esto podría traducirse en que a quienes pertenecen a la planta de la empresa principal, obtienen bonos de producción, y l@s subcontratad@s, no. Eso, desde un análisis sencillo, implica una mayor o menor cantidad de recursos para invertir en satisfacción de las llamadas básicas y/o secundarias (sean del orden material o inmaterial) o simplemente de lujos. El estatus social que conlleva este punto, es importante a la hora de precisar, por ejemplo, las posiciones socio-económicas en una sociedad limitada y reducida, como son las ciudades mineras.

Además, se hace evidente una nueva contradicción de orden social: la diferencia de l@s trabajadores/as del Estado, en cuanto empleador. Tanto en relación con otr@s trabajadores/as empleados estatalmente, como con aquellos que trabajan para privados. Así, vemos que trabajadores/as del cobre contratados por CODELCO (Estado) tienen una serie de beneficios sociales como de subsidio de vivienda, educación familiar, salud con sistemas privados de alta cobertura, préstamos con tasas inferiores a las del mercado, etc. Cosa que no se repite, por ejemplo, con profesores/as, funcionari@s de la salud, municipales, etc. Y que tampoco se repite en trabajadores/as privad@s, ya que en ell@s, la elección es personal, y fuertemente condicionada por la oferta del mercado.

Podemos observar también, un fuerte impacto en otras movilizaciones sociales; sin duda, al copar los medios de comunicación masivos con el conflicto cuprífero, se promueve la discusión del papel de las movilizaciones en las posiciones y condiciones de dignidad de l@s trabajadores/as. Así, se reactivaría un ala de las movilizaciones en el sur del país, con los chóferes de camiones de las forestales a las que perteneciera Rodrigo Cisternas

[1], por ejemplo. Se dan conocer otros grupos de trabajadores/as como los de Agrosuper, entre otros.

El impacto mediático que provoca la opinión de los Medios de Comunicación de Masas (MCM), podría presentar un condicionamiento en la opinión de las personas respecto de las movilizaciones sociales. Generalmente, somos bombardeados con mensajes de “repudio a la violencia”, a los “infiltrados y encapuchados”, en fin, a los “actos terroristas”. Sin embargo, la masividad, la prolongación de las movilizaciones y el constante apoyo brindado por diferentes agrupaciones políticas y sociales, permitieron que la percepción ciudadana de este tipo de movilizaciones fuera más favorables a la organización social. Y en último plano, se reactiva la discusión, cuestión no menor a la hora de posibilitar transformaciones sociales.

Los niveles de organización producidos por las asambleas de trabajadores, dan una muestra de la real participación social en la que se fundaba el movimiento. En ese sentido, se podría decir que se continua desplegando un fenómeno social importante, enmarcado en los últimos años de “gobierno democrático”, y que dice relación con aumentar los niveles de asociatividad en base a algún tipo de condición común; además de mostrar una posibilidad diferente de organización socio política, una suerte de demostración de que “sí es posible tomar decisiones preguntándole a las bases” organizadas de trabajadores/as, independiente de la localización en la franja de tierra nacional; y la persistencia de la organización pese a los diferentes intentos por disgregar la misma (acuerdos parcelados con diferentes organizaciones, incentivos a quienes no se movilizan, y medidas represivas solapadas), mostrando a nivel social que la movilización es una vía eficaz, pertinente e inclusiva de conseguir mejoras en las condiciones laborales.

Así, la vinculación entre el aspecto “condiciones laborales” y la calidad de vida de las personas, es en algunos casos, determinante. Es por ello que esta movilización en particular, por sus características, asume una importancia vital en las posibilidades de transformar las condiciones de vida.

Así mismo, una movilización de las características observadas, sin duda produce modificaciones en la vida familiar. Las demandas que tenían relación con las remuneraciones, implicaban además que las familias de l@s trabajadores/as tuvieron que vivir casi 50 días sin el pago: hablamos de los 35 días de movilización más los días post-acuerdo.

DEL ACUERDO:

Poner en cuestión una ley vital del Modelo Económico, ya es un logro social y político importante. Sobre todo, porque se cuestionan las bases ideológicas del ordenamiento social. Cuestión que podría adquirir importancia desde un punto de vista jurídico político, considerando que se trata del ordenamiento de la producción y de la esfera del trabajo, como es el caso analizado de la ley de subcontratación y de beneficios sociales a trabajadores/as.

Así mismo, el logro de conseguir beneficios sociales para l@s trabajadores/as y sus grupos familiares, tiene una implicancia directa en la calidad de vida del/la trabajador/a y la familia. En ese sentido, se asegura mejores condiciones de salud y educación.

En definitiva, se trata de un acuerdo conseguido por una movilización y organización social que puso en jaque al ordenamiento empresarial del país, un ordenamiento que dadas las cuotas de poder que sostiene en el plano de lo económico y político es interesante y seguramente, si las lecciones fueron aprehendidas por el movimiento obrero y sindical, podrán tener consecuencias importante a futuro.
[1] Rodrigo Cisternas, trabajador asesinado por un carabinero en contexto de protesta obrera en contra de la Forestal Arauco.

III.- Lo ético en el conflicto del cobre

Para comenzar con este capítulo del Informe, decidimos delimitar el concepto de lo “ético” y la diferencia que presenta este concepto con el de “moral”, para así, ocuparlo sin ambigüedades. Los términos ética y moral derivan de la palabra “mos”, la cual proviene del vocablo griego que significa ‘costumbre’, de ahí su relación con esta práctica o estudio de esta. En la evolución posterior del vocablo, lo ético se ha identificado cada vez mas con lo moral, y la ética ha llegado a significar propiamente la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, una filosofía de lo moral.

Mientras que el estudio de ‘lo moral’ comprende el estudio de todas las normas que han regulado la conducta humana desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Ahora bien, la existencia de las ideas morales y de actitudes morales no implica todavía la presencia de una particular disciplina filosófica, así por ejemplo, pueden estudiarse las actitudes e ideas morales de diversos pueblos primitivos, o de los pueblos orientales, o de los hebreos, o de los egipcios etc., sin que el material resultante deba forzosamente encuadrarse en la historia de la ética.

Ética dominante, Moral dominante

No se puede abordar el problema de lo ético y de lo moral sin situarnos en el contexto económico político y social en el cual nos encontramos inmerso, ya que es este, el que determina una hegemonía moral e impone lo problemas éticos a resolver, por ello debemos saber que estamos en un contexto de economía globalizada y de un neoliberalismo imperante, el cual condiciona nuestro comportamiento, ya que, nuestros valores y principios están bajo un lógica que es impuesta a través del proceso de socialización del individuo hasta lograr la sedimentación. Con esto ya hecho el individuo responde a patrones conductuales, esto lo podemos llamar enajenación a nivel superestructural.
Lo único que lleva al individuo, a que choque con esta estructura cognoscitiva sedimentada, es la no satisfacción de sus necesidades “objetivas- primarias”; esto lleva a la pérdida de confianza en la moral imperante, ya que, choca con la cristalización de sus satisfacciones, debido a ello, se construye o se adopta una moral que responda a sus necesidades. Esto es, peligroso para la clase dominante, ya que, comienza un proceso de emancipación a nivel subjetivo, esto, permite, ver la realidad desde otras aristas, lo cual acerca mas a la realidad.

Los actores

Ahora ejemplificaremos esto a través de comentarios de actores sociales que representan a las diversas capas sociales que componen nuestra sociedad.
"Las dificultades tienen que ver con la discriminación, que a igual trabajo hay distinto salario; y con la subcontratación o suministro permanente de trabajadores". (Cristian Cuevas).
Aquí vemos como un representante de los trabajadores da cuenta de una realidad. El encuentra injusto que se paguen distintos salarios por un mismo trabajo. Esto es así porque se ve afectado directa o indirectamente por esta medida, en su moral esto es incorrecto; esto choca directamente con la moral imperante ya que esto esta permitido constitucionalmente, lo cual da cuenta de que esta no es una practica inmoral.

Ahora revisaremos la perspectiva de la iglesia:
"El sueldo mínimo debiera ser transformado en sueldo ético, en el sentido de que todos lo que puedan no paguen el sueldo mínimo legal, sino por lo menos 250 mil pesos". (Monseñor Goic).

En esta cita el monseñor Goic plantea un concepto de sueldo ético, que consiste como se puede leer el en el párrafo anterior, ‘en que lo paguen solo los que puedan pagarlo’. Esta aseveración de carácter moral no entra en contradicción con la moral constitucional, ni da ninguna medida de coerción para que sea obedecida, esto es por que la moral católica se ha imbricado de alguna u otra manera a la moral neoliberal dándole énfasis a lo volitivo; detrás de esta característica esta la defensa de la libertad mercantil. También se puede apreciar como no toca ni siquiera tangencialmente el problema de la subcontratación y la precariedad del trabajo como consecuencia de esta.

Desde la perspectiva de una senadora de la UDI:
" Yo creo que él (Monseñor Goic) no tiene idea de economía y se está metiendo en cosas muy difíciles”. "Por lo menos él debiera meditar, conversar, madurar más su idea antes de largarla”. Agregó: "extiendo mis comentarios a todos los que estén pensando en un sueldo de ese tipo". (Senadora Evelyn Matthei).
En esta declaración vemos la mezcla acomodaticia entre ciencia, ideología y moral. La afirmación de la senadora se pretende desde un punto de vista científico. Esta es la postura que toma la senadora, ella considera que el sueldo ético es imposible por una causalidad científica, aquí están los argumentos para creer en ello.

“El mismo Obispo Goic plantea que es sano crecer al 6% o 7% y ojalá sigamos en esa senda. Ahora, cualquier libro de "Introducción a la Economía" explica en su primer capítulo que los ingresos son iguales al producto, de lo que se deriva que si se produce más se aumentan los ingresos. Esta relación si bien no se traduce en un aumento salarial equivalente al crecimiento del país, ha mostrado una correlación sumamente fuerte en las últimas 3 décadas (yo misma hice los cálculos hace un par de años). Pretender aumentar en más de un 70% el sueldo mínimo es una locura para cualquier entendido en la materia. Además, que cuando los aumentos del sueldo mínimo se dan por sobre el aumento de la productividad está comprobado que aumenta la tasa de cesantía, pues se contrata a menos personas. De lo contrario, tendríamos quiebras de empresas, desaceleración fuerte del crecimiento producida por una fuerte pérdida de competitividad por parte de nuestras industrias exportadoras y una inflación galopante producida por el aumento del circulante sin una relación con el aumento de bienes y servicios producidos” .

La senadora cree implícitamente que monseñor Goic no esta teniendo un comportamiento moral, ya que si se realizara su petición, esta conllevaría a una catástrofe social.

Desde la perspectiva de un economista de izquierda:
Orlando Caputo economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de Codelco responde lo siguiente a los comentarios de Evelyn Matthey

En la nota VIII, del 13 de agosto de 2007 del Mostrador: ‘Salario Ético y la Ciencia Económica: Evelyn Matthei’, señalamos que la Senadora Matthei conoce la escuela teórica neoliberal, pero olvida o desconoce aspectos fundamentales de la ciencia económica y de la Historia Económica. Los fundadores de la ciencia económica, y ‘padres de la economía moderna’, -Adam Smith y David Ricardo-, formularon teóricamente dos grandes conceptos de precios: el ‘precio de mercado’ y el ‘precio natural’, para las mercancías, para las utilidades y para el trabajo.

“El precio de mercado, de la mano de obra – según David Ricardo-, es el precio debido al juego natural entre “la oferta y la demanda” de trabajo. El precio de mercado, es el centro de atención principal del neoliberalismo.

El precio natural de la mano de obra – según David Ricardo-, depende del precio de los alimentos, de los productos necesarios y de las comodidades para el sostén del trabajador y de sus familias. Cuando el precio de mercado de la mano de obra excede su ‘precio natural’, la condición del trabajador es floreciente y dichosa, y puede disponer en mayor proporción de los productos esenciales y de los goces de la vida y, por ende, crear una familia sana y numerosa.

Cuando el ‘precio de mercado’ es inferior a su ‘precio natural’, la condición de los trabajadores es de lo más mísera: la pobreza los priva de aquellas comodidades que la costumbre convierte en necesidades absolutas…”En los países donde la clase obrera tiene necesidades mínimas, donde se satisface con los alimentos más baratos, la gente está expuesta a las mayores vicisitudes y miserias. Se hayan desamparadas ante la calamidad;… su posición es tan baja que ya no pueden descender más”.

Adam Smith agrega: “En su desesperación, proceden los trabajadores con el frenesí propio de los desesperados y tienen que optar entre morir de hambre o atemorizar a los patronos, para que estos accedan inmediatamente a sus pretensiones”. “Los patronos, en tales circunstancias protestan en el mismo tono, y jamás dejan de reclamar la asistencia de las autoridades civiles y la aplicación inflexible de las rigurosas leyes que han sido promulgadas contra criados, trabajadores y jornaleros”. Ojo, esto lo escribió en 1776... y nos suena tan contingente!!

El gobierno en esta discusión a estado ausente, ya que, cualquier tipo de aseveración podría tener altos costos políticos. La presidenta Michelle Bachelet se a atenido a responder lo siguiente:"Somos coincidentes con el planteamiento de la Iglesia, que un país que tiene mayor prosperidad, tiene que llegarle a todos. Si al país le va bien, le tiene que ir bien a cada uno de los trabajadores", manifestó la Presidenta.

Si bien en el plano de las declaraciones, en este conflicto la Concertación mantuvo una actitud ambigua, es en la irrestricta defensa del modelo neoliberal desde el Gobierno, desde el Parlamento, desde el accionar policial, que su posición aparece con nitidez.

La movilización de los trabajadores subcontratados de CODELCO, puso en cuestión, no sólo el marco jurídico laboral... sino que cuestiona la legitimidad del Modelo en su conjunto, desde la ética de la Justicia Social.

IV.- Informe político del conflicto del Cobre

La distribución del ingreso en Chile es escandalosa. Como una triste paradoja de la historia económica, política y social de Chile, esta mala distribución del ingreso se presenta como una tendencia maldita en la principal riqueza básica del país, debido a la ‘Desnacionalización del Cobre’ que se nacionalizó durante el Gobierno de Allende. La desnacionalización se inicia en Dictadura y se profundiza durante los gobiernos de la Concertación. CODELCO que producía el 95% del cobre chileno, actualmente produce sólo alrededor del 30%.

El fraccionamiento de los procesos de trabajo en empresas contratistas y subcontratistas ha sido un proceso paralelo a la desnacionalización del cobre. Con la desnacionalización, las empresas extranjeras se apropian de la principal riqueza básica del país: y con las empresas contratistas y subcontratistas, se apropian de parte importante de los salarios que corresponden a los trabajadores de estas empresas. Las reivindicaciones de los trabajadores, representan un porcentaje mínimo de los excedentes de CODELCO; y las grandes ganancias en la minería del cobre, incluyendo las de CODELCO, se debe en parte a los bajos salarios y a otros aspectos del trabajo precario.

En el proceso de desnacionalización del cobre, el capital extranjero ha actuado con complicidad de las organizaciones políticas y empresariales chilenas. Estos promovieron los procesos de flexibilidad laboral y los procesos de fraccionamiento en empresas contratistas y subcontratistas. Muchos políticos participan en la propiedad de estas empresas que trabajan para las grandes empresas mineras.

Estos dos procesos, -la desnacionalización y la división de los trabajadores- han sido posibles, en primer lugar por la destrucción de las organizaciones sindicales y por el posterior debilitamiento de ellas, como resultado de las leyes en contra de la sindicalización.
En la empresa estatal del cobre, -CODELCO-, el gobierno chileno ha sido muy activo en promover el trabajo precario, disminuyendo la ocupación de los trabajadores de planta, reemplazando esos trabajadores por trabajo precario de las empresas contratistas. Algunas cifras: La dotación total de trabajadores de planta en CODELCO, disminuyó desde más de 28 mil trabajadores en 1980, a cerca de 18 mil trabajadores en 2006. Es decir, CODELCO expulsó 10.500 trabajadores de planta., una disminución de 37% en relación a la ocupación que las empresas nacionalizadas tenían en 1980.

Paralelo a la disminución de los trabajadores de planta, se incrementa el número de trabajadores de las empresas contratistas que trabajan para CODELCO. En 1989, las estadísticas de CODELCO señalan que, además de los trabajadores de planta, existían sólo 1.371 trabajadores con contrato a plazo fijo en CODELCO, una forma inicial de flexibilidad laboral.
La información estadística es categórica: Los trabajadores subcontratados de CODELCO son un “éxito exclusivo” de los gobiernos de la Concertación, y en particular del Gobierno de Lagos.
Reconstitución de la CTC.

Por constituir la mayoría de los trabajadores de CODELCO y también en las grandes empresas privadas de la minería, en el “Congreso de Machalí’ del 8 de junio último, estos trabajadores resolvieron denominar como ‘Confederacion de Trabajadores del Cobre’ a su organización nacional que agrupa a 80.000 trabajadores de las empresas contratistas de CODELCO y de las empresas privadas del cobre.

Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas tienen remuneraciones que son sólo un 25% o menos, de las remuneraciones que por trabajos similares obtienen los trabajadores de planta. Las remuneraciones promedio mensuales de estos trabajadores se estiman en $250.000. Muchos de ellos trabajan por el salario mínimo.

Estas diferencias con los trabajadores de planta también se presentan en las actividades relacionadas con el trabajo: jornadas de trabajo, transporte, salud, seguridad y otras. El impacto de estas desigualdades que se viven en las regiones son ampliamente conocidas y tienen fuerte impacto en las convivencias de las familias, de los hijos de los trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase, rompiendo lazos y relaciones en las familias y en el tejido social de las ciudades y de los pueblos de las regiones mineras.
Elementos políticos del conflicto:

Los actores principales en el conflicto de CODELCO, fueron los trabajadores organizados en torno a la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), los ejecutivos de la empresa estatal, que por su carácter dependen del Gobierno y en última instancia del Estado.
Lo que caracteriza un conflicto político, es su confrontación con el aparato del Estado. Cuando los trabajadores demandan mejoras salariales, mejor trato laboral, reivindicaciones varias a su empleador... es un conflicto económico. Pero cuando los trabajadores organizados en la CTC, desde el inicio, determinan negociar colectivamente a pesar de que la ley establece la prohibición de hacerlo... chocan frontalmente con el ordenamiento jurídico vigente; transformando por ese solo echo, el conflicto, en un conflicto político!

De esta manera la huelga en CODELCO apuntó al núcleo central del sistema laboral neoliberal, es decir al sistema de subcontrataciones. Elemento legal que determina el fraccionamiento de los trabajadores y el abaratamiento de la mano de obra con la excusa de mejorar la competitividad del precio del cobre; pero lo que genera en definitiva son trabajadores de primera y segunda categoría.

Esta empresa, una de las más grandes del mundo de su rubro, para ser competitiva –según el Gobierno-, debe ser administrada según los cánones más sagrados del capitalismo global. La externalización de algunas de sus faenas y de prácticamente todos los servicios, es una de esas reglas. Tal normativa ha dado lugar, entre los privados, a una escalada de abusos y malas prácticas empresariales que CODELCO ha replicado en el ámbito público, en circunstancias de que, como dijo el obispo Goic, el Estado debiera dar el ejemplo contrario.

Otro efecto fue el desborde de los diques de contención de la ley laboral, que impide la negociación colectiva interempresas. Ya en Forestal Arauco se torció la voluntad del legislador y para la minería privada se preanuncia una estrategia similar. Es la respuesta de los trabajadores a una normativa perversa, que quita fuerza a la negociación colectiva, y contraviene las normas de la OIT que Chile ha hecho suyas. También lo es a los subterfugios de las empresas de dividirse en numerosas personerías jurídicas para atomizar a sus trabajadores.

La ley de subcontratación ha sufrido un duro embate y tendrá que adecuarse a su vez a las nuevas exigencias. El Consejo Minero (los privados), dice que tendrá cuidado de no caer en lo mismo que CODELCO, -que negoció con los trabajadores de “empresas colaboradoras”, contraviniendo incluso la ley (de subcontratación)-. A estas alturas el problema se les ha escapado de las manos a las empresas privadas y públicas, cúpulas patronales, Gobierno, oposición y partidos. El problema es nacional, porque afecta a los sectores estratégicos de la economía, aquellos en que el país tiene presencia en los mercados mundiales: cobre, forestal, salmones, retail.

Los trabajadores la tenían clara desde el principio, por ello se prepararon para enfrentar el conflicto en términos políticos. Su estructura organizacional fue básicamente sindical, pero sus movilizaciones y presiones, apuntaron a la clase política y al Gobierno. Interpelaron a la Presidenta, desde la figura de Allende y la nacionalización del cobre; y el amplio movimiento de solidaridad con sus luchas, impidió que criminalizaran el movimiento y lo taparan mediáticamente.

Algunas conclusiones:
La exitosa huelga de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) en CODELCO, generó un cambio significativo a nivel de los trabajadores, de la Iglesia, de los empresarios, en los medios de comunicación y a nivel político nacional.

A. La huelga y el impacto en los trabajadores en Chile.
1. En la práctica cuestionó la Ley de Subcontratación, obligando al gigante estatal, a negociar colectivamente. La derecha tiene razón al gritar a los cuatro vientos, que se puso en cuestión el orden social vigente!
2. Generó un gran crecimiento del número de trabajadores afiliados a los sindicatos y un gran incremento del número de sindicatos afiliados a la CTC. En las empresas privadas mineras se generó un fenómeno parecido que se constató en la reciente reunión de la CTC en Antofagasta. En la práctica, generó un incremento de la organización de los trabajadores, en particular, de los trabajadores contratistas.
3. Puso en evidencia la desigual distribución del ingreso entre las ganancias de las empresas y los salarios de los trabajadores, especialmente, en las empresas de los sectores exportadores. Y también las grandes diferencias de los salarios de trabajadores de planta y contratistas, en términos generales y en particular, entre trabajos iguales.
4. Reveló a la sociedad chilena que la contratación y la subcontratación se ha aplicado con mucha profundidad y se ha generalizado en Chile, en la mayoría de los sectores económicos, constituyéndose en la principal forma de trabajo asalariado.
5. Que el sistema de empresas contratistas y subcontratistas ha sido usado para bajar costos para aumentar la competitividad, en base a un crecimiento de la explotación de los trabajadores, a tal nivel que ha generalizando el trabajo precario.
6. El movimiento obrero que dio origen a la CTC, está formado por trabajadores y dirigentes jóvenes, con niveles relativamente elevados de calificación. Ellos enfrentaron a uno de los núcleos del modelo neoliberal: la legislación antilaboral y el sistema de subcontratación.
7. La joven dirigencia de la CTC se enfrentó con el núcleo más duro del neoliberalismo del gobierno de Bachelet, encabezados por los ministros neoliberales, tecnócratas y autoritarios del Ministerio de Hacienda, del de Minería y de la Presidencia Ejecutiva de Codelco, que dirigieron desde sus oficinas a los negociadores de Codelco y la campaña sucia para quebrar la Confederación.
8. El movimiento contó con la simpatía de los trabajadores chilenos. Recibió la solidaridad de organizaciones sociales y sindicales. Excepto, de los dirigentes nacionales de los trabajadores de planta, agrupados en la Federación de Trabajadores del Cobre. Recibió el apoyo de algunos dirigentes políticos y de algunos parlamentarios. Asimismo, recibió el permanente apoyo de la CUT.

B. La huelga y las reacciones de las organizaciones empresariales, de académicos y de los medios de comunicación.
1. Las organizaciones empresariales critican abiertamente el que se haya aceptado que los trabajadores de las miles de empresas contratistas de Codelco, hayan negociado directamente con la empresa mandante, debilitando el orden laboral impuesto.
2. El Mercurio del 12 de agosto, destaca la creación del ‘Comité de Grandes Empresas de la Minería Privada’, particularmente extranjeras. Y, agrega que: “Las grandes empresas se preparan para enfrentar el mal clima que generó el conflicto de Codelco con sus contratistas”.
3. En la campaña para privatizar Codelco, concentran con mala intención y abultando las cifras, el incremento de los salarios y el aumento de los costos salariales en Codelco. “Olvidan” olímpicamente, que esta sólo controla el 30% de la producción y entrega al Estado chileno recursos más de tres veces superiores de lo que entregan las empresas privadas, que controlan el 70% de la producción de cobre en Chile.
4. A estos académicos yanaconas y empresarios, el movimiento de los trabajadores les ha recordado que no sólo somos ‘Copropietarios de Codelco’, sino que somos ‘Copropietarios de todos los yacimientos mineros’, que han sido expropiados inconstitucionalmente por las empresas extranjeras, con el apoyo de los gobierno de la Concertación.
5. Gracias al triunfo de la histórica huelga de la Confederación de Trabajadores del Cobre en Codelco, se han puesto de nuevo en discusión, algunos de los principales problemas de la historia y de la situación reciente de la economía, de la sociedad y de la política en Chile.

Se está con el pueblo... o con sus asesinos!!

Juez Militar "no encontró culpables", en crimen de Rodrigo Cisternas

Corresponsal en la zona.

La noche del 3 de mayo pasado, en las afueras de la planta Horcones de la Celulosa Arauco y Constitución (Celco) en la Región del Bío Bío. Una huelga de trabajadores forestales, era violentamente reprimida por la policía militarizada de Carabineros.
El inusual despliegue de fuerza y provocación por parte de la autoridad, instó a Rodrigo Cisternas a enfrentárseles, subiéndose a una maquinaria de trabajos pesados y arremetió en contra de los vehículos policiales que hacían de las suyas con los huelguistas. Como lo pudo ver todo el país, los “profesionales” del orden, respondieron con sus armas de fuego reiteradamente, las que dieron muerte al trabajador en forma instantánea. La Corte Marcial o Justicia militar, encargada de investigar los delitos de uniformados, designó al “Juez” Renato Nuño como ministro en visita, quien determinó tras siete meses de investigación, el cierre del sumario al “no descubrir responsables” por la muerte del trabajador.La organización que agrupa a los trabajadores forestales (CTF, Confederación de Trabajadores Forestales), expresó su rechazo al saber que la “justicia militar” resolviera que la muerte del trabajador Rodrigo Cisternas, “no tiene responsables”.
En un comunicado enviado a los medios, la CTF denuncia a la Fiscalía Militar y su actuar para con los uniformados implicados en delitos: “Esta resolución era previsible, por cuanto en Chile la Justicia está inclinada hacia ciertos sectores, que no son precisamente los trabajadores.. Por ello era muy poco probable que un militar castigara a otro militar”, agregando, “la resolución del Juez Nuño, otorga impunidad a los asesinos de nuestro compañero Cisternas, quien entregó su vida para salvar a sus compañeros que eran salvajemente agredidos por carabineros, y que de no mediar su heroica acción hubiera costado la vida de muchos más”.. “No nos quedaremos de brazos cruzados ante esta injusticia y continuaremos luchando para llegar a la verdad en esta operación y que los culpables de este asesinato paguen por lo que hicieron. Nuestros abogados estudiarán los pasos a seguir, y esperamos llegar a la Corte Marcial en la búsqueda de justicia”, finaliza la nota.
Juan Miranda, dirigente de la empresa forestal Arauco, en una entrevista a la Radio Bio Bio, dijo: “que lamentaba que el Gobierno no mostrara en este caso la misma disposición que tuvo posteriormente tras el asesinato del carabinero Cristián Vera, donde la Presidenta Michelle Bachelet se dio tiempo de acompañar a su familia, mientras que se agilizaron las diligencias judiciales para la reconstitución de escena y dar con el paradero de los culpables. Por el contrario, indicó, en este caso “los delincuentes están totalmente identificados, los que acribillaron a un compañero siguen ganando su sueldo y siguen vistiendo el uniforme; los que dieron la orden están plenamente identificados, sin embargo quedaron ocupando los mismos cargos para de alguna manera tapar y entorpecer lo que fue la investigación del ministro Nuño”.
En un Plazo de 15 días podrá ser apelada por las “partes” la decisión del “Juez” Nuño.La “Justicia militar”, es una herencia de la dictadura de Pinochet y la “Derecha” chilena.. Pese a la recomendación de la comunidad internacional, a los distintos gobiernos chilenos de eliminar esta practica de hacer “justicia”, los uniformados chilenos son enjuiciados por sus actos, por una justicia en donde son jueces y parte.OPAL Chile, Prensa para América Latina

Análisis de Coyuntura:

Asesinato de Rodrigo Cisternas, trabajador de CELCO, Forestal Arauco

Introducción

El presente documento fue elaborado por un grupo de personas que, reunid@s bajo en interés común de desarrollar conocimiento y elaboración política, hacen propia la intención de desarrollar Análisis de Coyuntura de diferentes situaciones que marcan el quehacer político de nuestro país. Asumimos este desafío como colectivo, y serán más los trabajos que desarrollaremos a futuro. Es decir, este documento se enmarca dentro de una serie de actividades que desarrollaremos.

El asesinato de Rodrigo Cisternas, se encuadra dentro de un contexto particular. Es por ello que para efectos metodológicos, hemos separados cuatro aristas diferentes: La esfera de lo histórico, económico, político y el Ethos. Entendemos que estas esferas están relacionadas entre ellas, por lo que es necesario analizar cada una de ellas, en su complejidad, para poder realizar un análisis exhaustivo.

Rodrigo Cisternas, joven obrero de Curanilahue, casado y padre de un hijo. Obrero subcontratado, trabajaba para la Forestal Arauco, propiedad de Andrónico Luksic (cabeza de uno de los mayores grupos económicos en Chile y en América Latina), ganaba un salario de $60.000 al mes aproximadamente, viviendo él como muchos de sus compañeros en la pobreza -mientras que las ganancias de la Forestal Arauco en el año 2006 fueron de US$ 2.850.000, la fortuna de su dueño Anacleto Angelini llega a cerca de unos US$ 6.000.000.000-. Rodrigo, asesinado durante un proceso de negociación colectiva que produjo movilizaciones y demandas obreras, que en las últimas horas del día 3 de mayo, las Fuerzas Especiales de Carabineros, como representante del aparataje estatal represor, se hicieron presente con armamento pesado, dejando 16 heridos y un muerto.